Remando en Condiciones Poco Favorables

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En el mes de enero el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos sorprendió con la noticia de que el Perú seria el país de Latinoamérica que lideraría el crecimiento económico de la región en el 2017. Se esperaba que creciéramos a 4%.

Sin embrago, de acuerdo a las nuevas proyecciones económicas si el crecimiento del sector minero se mantiene llegaríamos con suerte a crecer a 3.3%. Ello como consecuencia de la inercia que dejo el gobierno anterior y el ajuste fiscal del nuevo gobierno, que retrajo la inversión pública en 24% en un solo trimestre. No obstante, si el impacto de la crisis política producida por el escándalo de corrupción del caso Lava Jato impide la reactivación de la economía y constriñe el interés de los actores económicos, el crecimiento podría llegar a 2.5%.

El crecimiento económico es responsable de la reducción de la pobreza y de una menor desigualdad. El ensanchamiento de la clase media en teoría tiende a traer estabilidad política, social y económica y a alejar del poder a líderes radicales antisistema. Ello en la medida en que una clase media tiene derechos de propiedad que defender y no suele estar dispuesta a ponerlos en riesgo.

Sin embargo, en el caso peruano, quienes han logrado escapar de la pobreza carecen de acceso a salud y educación de calidad y a empleo formal. Recordemos que el 78% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada en el Perú es informal. Por ello son calificados como una clase media vulnerable al no haber incrementado sus activos mediante mayores niveles de ahorro, o capital humano. El BID calcula que la clase media peruana era el 40.1% de la población. Sin embargo, el 38% de los peruanos son considerados como “población vulnerable”. Esto significa que podrían volver a caer en pobreza ante cualquier eventualidad.

 Si el gobierno no logra reactivar la economía, la caída del poder adquisitivo de la clase media y el posible aumento de las familias en pobreza tendrían como efecto inmediato el aumento del descontento, mayor precariedad institucional y menor capacidad del Estado -al disminuir sus ingresos- para responder ante la población. Todo ello representa un riesgo para la gobernabilidad en un contexto donde el caso Lava Jato está sacudiendo a la clase política y empresarial del país y donde la corrupción está siendo utilizada como excusa para cuestionar el modelo económico.

En este contexto el gobierno viene promoviendo la inversión en infraestructura como un instrumento crítico para reactivar la economía en el corto plazo y mejorar la competitividad en el mediano plazo. Para ello han decidido sacar adelante los grandes proyectos de inversión que dejo “trabado” el gobierno anterior.

La falta de infraestructura ha sido identificada por el Foro Económico Global como el tercer principal lastre de la competitividad, después de la ineficiente burocracia estatal y las restrictivas regulaciones laborales.

El objetivo principal de las políticas públicas debe ser lograr que los ciudadanos accedan en igualdad de oportunidades a servicios de educación,  salud e infraestructura de calidad. Uno de los principales problemas que enfrentamos en el Perú, es la gran brecha de infraestructura existente, valorizada en US$160,000 millones. Para lograr ejecutar grandes proyectos de infraestructura es necesario pasar por un proceso de saneamiento físico legal de las propiedades. En muchos casos la demora en estos procesos es la razón por la que dichos proyectos se paralizan. Como ejemplo la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o la ampliación de la carretera Ramiro Priale.

Al amparo de la delegación de facultades, el gobierno creo el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP). Este es una unidad de apoyo, llamada en inglés “Delivery Unit”. El objetivo de los “Delivery Units” es inyectar mayor capacidad de gestión en el ejecutivo en temas puntuales y mejorar los procesos y sus resultados. Estas unidades buscan identificar donde se generan los cuellos de botella y articularlos con los procesos de planificación, formulación de presupuesto, logística, gestión de recursos y de la información, para poder corregir lo necesario y lograr sacar adelante los proyectos. El objetivo de un “Delivery Unit” es resolver sobre la marcha y acabar con la burocracia que paraliza al Estado, logrando de esa manera que la población sienta que el estado resuelve y ejecuta correctamente. APIP tomo las herramientas de Cofopri para el saneamiento físico legal. Lamentablemente el Congreso decidió derogar el Decreto Legislativo 1333, que creaba el APIP, en respuesta a los reclamos de asociaciones de defensa de los intereses de las comunidades indígenas y campesinas al considerar que sus derechos estarían podrían verse afectados.

El DL 1333 no modificaba las normas que regulan y reconocen a las comunidades indígenas y campesinas y por ello, como lo hace Cofopri, la APIP debía respetar sus derechos. Cuando el Estado implementa reformas estructurales es importante diseñar y ejecutar estrategias de comunicación asertiva para evitar el surgimiento de conflictos sociales sobre la base de la incorrecta interpretación de las normas.  Con la derogación del decreto que creaba la APIP se le pone trabas al ejecutivo para lograr sacar adelante los grandes proyectos de infraestructura, y con ello al plan de reactivación económico que venían impulsando.